Reinstalaciones en la DGAC: mañas y mañosos

2026-03-25 - 17:33

En una entrega anterior, República evidenció los abusos de la Unión Sindical de Trabajadores de Aeronáutica Civil (USTAC) en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). La institución, además, enfrenta reinstalaciones judiciales de personas vinculadas a exdirectores. Las resoluciones incluyen condiciones atípicas, como salarios en dólares y plazas inexistentes. Evidencia debilidades institucionales y costos heredados de decisiones políticas pasadas. Por qué importa. Las resoluciones judiciales evidencian decisiones judiciales politizadas y litigios nocivos para los intereses del Estado. El impacto compromete recursos públicos que limitan la capacidad operativa de la institución en áreas estratégicas como seguridad y modernización. En 2025, la DGAC pagó GTQ 31.45M por sentencias laborales. El monto incluye salarios caídos y prestaciones. Los fondos devengados dejaron de ser inversión pública; fueron gasto. Las órdenes judiciales obligan a cumplir condiciones atípicas. Fuentes internas advirtieron que esto responde a vacíos legales que permiten interpretaciones amplias en materia laboral. El caso de Elizabeth Nicté Paz Pineda concentra las mayores anomalías. Aunque no era empleada de la DGAC —sino en un ente regional—, un fallo ordenó su reinstalación con salario en dólares y contrato indefinido. Sí, pero. Estas condiciones no existen en la estructura institucional vigente de la Dirección. Marvin Benjamín Castillo Barrios, juez laboral, ordenó su reinstalación con las supuestas “condiciones originales” con las que fue contratada. Fuentes de la DGAC señalaron que el fallo exige replicar un esquema salarial ajeno al Estado. Registros muestran que en 2025 recibió GTQ 23 000 mensuales bajo renglón 029. Sin embargo, el nuevo mandato judicial exige un contrato permanente 011. El nuevo renglón exigido por el juez contradice la normativa de ese tipo de contratación. Ella prestaba servicios al Estado, mas no era trabajadora. Su historial incluye múltiples contratos simultáneos en 2019. También tuvo vínculos políticos: fue —brevemente— subsecretaria de Conamigua y candidata al Parlacen. Accedió al contrato que ahora genera su “reinstalación” cuando mantuvo una relación con Carlos Velásquez Monge, entonces director de la DGAC. Punto de fricción. Otros casos muestran las redes de influencia dentro de la DGAC: las reinstalaciones de Julio César Estrada Valenzuela y María Gabriela Ruíz de Letona. Jueces del ámbito laboral exceden los alcances de la legislación para equiparar prestadores de servicios temporales a empleados. Julio César Estrada Valenzuela, exjefe de seguridad del aeropuerto, fue reinstalado con salario de GTQ 25 000. Su vínculo con Claudia Ruiz, exministra de Educación, generó críticas por posible nepotismo. Durante su gestión, un migrante viajó como polizón a Miami. Francis Argueta, exdirector, calificó el hecho como “delicado”, pero no hubo destitución inmediata. María Gabriela Ruíz de Letona, exasistente de Argueta, volvió con salario de GTQ 18 000. Empleados la describen como figura de confianza del exdirector. En conclusión. Los fallos judiciales que obligan a reinstalar personal en la DGAC exponen un problema amplio: la captura política de instituciones —y sus efectos financieros a largo plazo—, pero también la tergiversación de parte de los tribunales de la relación contractual. La falta de controles claros en contrataciones públicas facilita litigios que trasladan costos innecesarios al Estado. El impacto no solo es financiero. Compromete la capacidad operativa de la DGAC, que debe redirigir recursos hacia litigios en lugar de invertir en seguridad aeroportuaria, infraestructura y modernización del sistema aéreo. Sin reformas que fortalezcan la meritocracia y limiten la discrecionalidad, el ciclo se repetirá. Afectará la eficiencia del Estado y la confianza ciudadana.