Recuperar el Acuerdo Agrario

2026-03-18 - 15:31

0:00 0:00 El pasado 13 de marzo, dos organizaciones campesinas signatarias del Acuerdo Agrario el 7 de febrero del año 2024, emplazaron al gobierno ante el incumplimiento de dicho Acuerdo, solicitándole una audiencia urgente al presidente para abordar tal situación. Lo instaron “... a honrar su firma y la deuda histórica con la población indígena campesina...”. A mi juicio, esta iniciativa de las organizaciones campesinas está fundada en una realidad, el insuficiente cumplimiento de los compromisos asumidos por el Presidente en dicho Acuerdo Agrario. Sin embargo, ese posicionamiento, justo sin duda, no expresa un análisis de las razones que han determinado el incumplimiento señalado. Ciertamente, dicha ausencia no debilita la legitimidad de su planteamiento. La responsabilidad de cumplir el Acuerdo Agrario es del gobierno y, ante la obviedad de su limitado cumplimiento, le corresponde al mismo definir las razones que lo han provocado, así como las acciones para superar tal situación. La decisión del presidente Arévalo de firmar un Acuerdo Agrario a escasas tres semanas de haber tomado posesión fue significativa. Ese tema en Guatemala es tabú y los poderes hegemónicos históricamente se han negado a abordarlo. Es más, en Guatemala el tema agrario está al centro de la historia y es una causa estructural de la pobreza, la desigualdad y la exclusión de todo tipo (social, económica y política). Por eso, haber iniciado su gobierno firmando dicho acuerdo fue un acto coherente con la visión progresista con la cual se le identifica a Bernardo Arévalo. Y también es valiente, porque de entrada sabía que las élites empresariales tradicionales, históricamente poderosas, verían esta firma con desagrado y “desconfianza”. Personalmente, me tocó acompañar el proceso de negociación del Acuerdo Agrario y me pidieron que lo expusiera en el acto de su suscripción, justo en el Palacio Nacional, en el mismo lugar donde hace ya casi 30 años se firmó la paz, que incluyó el tema agrario en el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. La Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), que inspiró el Acuerdo Agrario, lo cual se dice explícitamente en el texto del mismo, es hija de los acuerdos de paz. En ese momento al ver en la mesa principal sentado al presidente Arévalo y los ministros y secretarios involucrados en su implementación junto a los dirigentes indígenas campesinos de organizaciones que históricamente se han caracterizado por su lucha agraria, me pareció un presagio que auguraba un esfuerzo conjunto por abordar y encontrar caminos de solución a esta problemática estructural mediante el diálogo, como corresponde en un régimen democrático. Pero, lamentablemente, después de dos años, el resultado no es suficiente para la potencialidad que tuvo ese acto político. La voluntad política del Presidente, reiteradamente expresada en diversos espacios sociales, no se expresó en el desempeño de los Ministros y Secretarios que tienen las principales responsabilidades de implementar los compromisos asumidos. En esas condiciones, la Secretaría Privada de la Presidencia tuvo poco contenido al cual darle seguimiento, que era la responsabilidad que el Acuerdo Agrario le asignaba. Las matrices donde se precisaban las acciones correspondientes a cada uno de los compromisos adquiridos fueron ignoradas por los Ministros y Secretarios encargados de cumplirlas. Pero las organizaciones campesinas tampoco estuvieron a la altura de las expectativas creadas. El Acuerdo Agrario debió haberse convertido en una bandera de lucha unitaria que les permitiera acumular fuerzas para demandar su cumplimiento. Sin embargo, visiones e intereses particulares, que no son ilegítimos ni carentes de razón, se priorizaron frente a la unidad que se requería para exigirle al gobierno el cumplimiento de lo pactado y trabajar con él para lograrlo. Sin embargo, y a pesar de las debilidades anteriormente expresadas, la dirigencia campesina tiene la experiencia y la legitimidad para retomar el rol que le corresponde en la lucha por el cumplimiento del Acuerdo Agrario. Y, por otra parte, el presidente Arévalo nunca ha negado su voluntad y decisión de cumplirlo. De igual manera, los Ministros y Secretarios encargados de implementar lo acordado tienen las capacidades para hacerlo, si es que realmente le dan al Acuerdo la prioridad que requiere. Urge, por lo tanto, recuperarlo, a pesar del poco tiempo que le queda al gobierno. Puede hacerse un ejercicio de priorización de los compromisos atendiendo a la urgencia de los mismos (el efectivo funcionamiento de un Mecanismo de Atención a Crisis, por ejemplo), así como a la potencialidad que tengan de desatar procesos que aborden las condiciones estructurales de la problemática agraria (la construcción de una institucionalidad agraria, por ejemplo). Es más, hay compromisos que pueden ser parte de iniciativas presidenciales que se están impulsando, particularmente las relacionadas con la decisión de territorializar las políticas de desarrollo a través de los gobiernos departamentales, especialmente la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (“territorializar la PNDRI” he oído decir al Presidente). En todo caso, la unidad campesino/indígena y la coherencia de los Ministros y Secretarios con la voluntad política del Presidente son aspectos fundamentales para intentar recuperar el Acuerdo Agrario. Ojalá se logre.