Porras pierde vías para inmunidad y apuesta a reelección como fiscal general pese a rechazo de Arévalo
2026-03-04 - 02:45
La fiscal general María Consuelo Porras empezó a quedarse sin opciones para garantizarse inmunidad más allá de 2026. Ni la Corte Suprema de Justicia ni el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos la eligieron magistrada de la Corte de Constitucionalidad en las designaciones realizadas. Las dos principales puertas para blindarse desde el máximo tribunal constitucional se cerraron. Con esas votaciones, los cargos quedaron formalmente sellados. Cualquier modificación dependería ahora de impugnaciones o eventuales investigaciones que alteren el proceso. La CC —máximo intérprete de la Carta Magna y árbitro en los conflictos entre poderes del Estado— ha sido un actor decisivo en los momentos más críticos de la reciente crisis institucional. Fue ese tribunal el que permitió la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo en enero de 2024, cuando la Fiscalía de Porras promovía anular los resultados electorales de 2023 bajo una carpeta abierta por otros hechos. El presidente Bernardo Arévalo saluda a la fiscal general María Consuelo Porras durante su llegada al Consejo de Ministros, en enero de 2024. Porras se retiró minutos después de iniciado el encuentro. Foto La Hora: Presidencia. Sin esa vía, a la fiscal general solo le queda un camino: aspirar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público (MP). En los últimos días presentó su expediente a través de un tercero, sin anuncio público previo, para participar en el proceso de elección del jefe del MP. El presidente Arévalo, a quien corresponde constitucionalmente la designación final, reaccionó un día después y calificó la postulación de Porras como “una burla al pueblo de Guatemala”. En campaña, Arévalo prometió remover a la fiscal general. Sin embargo, ha reconocido las dificultades jurídicas para hacerlo. Una reforma a la Ley Orgánica del MP, aprobada por el Congreso en 2016, limita la capacidad del Ejecutivo para destituir al jefe del MP mediante una norma ordinaria. La Constitución establece que puede hacerse por causa justificada, pero el propio presidente ha advertido que no tiene garantía de la CC en su interpretación definitiva. UNA GESTIÓN TACHADA Y CONTROVERTIDA Designada fiscal general en 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales, Porras fue incluida en 2021 en la lista de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, la señaló por socavar procesos democráticos y obstaculizar investigaciones por corrupción. Un año después, pese a las objeciones sobre su idoneidad —incluidos señalamientos de plagio en su tesis doctoral—, fue confirmada para un segundo periodo por el entonces presidente Alejandro Giammattei. Washington volvió a sancionarla, esta vez junto a su esposo, subjefe de la Fiscalía contra la Corrupción. Tras finalizar su mandato Giammattei —también sancionado por Estados Unidos por recibir sobornos—, la Fiscalía no promovió acciones de retiro de inmunidad en su contra, pese a múltiples denuncias públicas. En paralelo, exfuncionarios y políticos acusados en la etapa anterior del Ministerio Público obtuvieron cierres de casos, devoluciones de bienes incautados y absoluciones judiciales por falta de sustento probatorio. Analistas atribuyen esos desenlaces a un giro en la estrategia de persecución penal. El aislamiento internacional de Porras se profundizó tras las elecciones generales de 2023. Más de 40 países adoptaron medidas restrictivas en su contra por considerar que sus actuaciones ponían en riesgo el orden constitucional. Organismos de Naciones Unidas han advertido además sobre un patrón de persecución penal contra jueces, fiscales, abogados y periodistas que investigaron redes de corrupción. La fiscal general, María Consuelo Porras, en una citación del Congreso. Foto La Hora: José Orozco. Su intento de llegada a la Corte ocurre también después de un nuevo señalamiento. En febrero, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por información que afirman, vincula a Porras con presuntas adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, cuando dirigió durante varios meses el Hogar Temporal Elisa Martínez. Expertos de Naciones Unidas pidieron una investigación independiente antes de cualquier designación en altos cargos judiciales. Sin el asiento en el máximo tribunal, Porras pierde la posibilidad de un blindaje automático al concluir su mandato en 2026. La única vía que le queda es optar a un tercer periodo como fiscal general, en un proceso cuya decisión final recae en el presidente, a quien su gestión ha cercado con un abanico de antejuicios. Arévalo ya ha anticipado que no la elegirá, lo que deja su continuidad al frente del MP prácticamente descartada. 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