La CIDH niega medidas cautelares a los magistrados Dina Ochoa, Blanca Alfaro y Rony López

2026-03-09 - 11:06

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó las solicitudes de medidas cautelares presentadas por los magistrados Dina Ochoa, Blanca Alfaro y Rony López, al considerar que no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 25 de su Reglamento. La decisión fue notificada al Estado de Guatemala el 31 de diciembre de 2025, según confirmó la Procuraduría General de la Nación (PGN) tras una consulta de La Hora. “El cierre de la solicitud se produjo al no acreditarse los elementos de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable exigidos por la normativa interamericana”, indicó la PGN, que actuó como enlace oficial del Estado ante el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Las resoluciones —en casos individuales— les dice no a los tres magistrados, aunque sus situaciones son distintas. RECHAZO CON BASE REGLAMENTARIA El Reglamento de la CIDH establece que las medidas cautelares tienen un carácter estrictamente preventivo y excepcional, destinadas a evitar daños irreparables a personas en situación de riesgo extremo. No son, en cambio, un mecanismo para dirimir controversias de fondo, evaluar responsabilidades estatales ni corregir presuntas violaciones al debido proceso, afirman. La propia Comisión ha reiterado —mediante resoluciones como la 3/2018— que no procede otorgar medidas cautelares cuando lo que se alega son disputas jurídicas ordinarias, conflictos administrativos, solicitudes de compensación económica o cuestionamientos abstractos a decisiones judiciales. En esos casos, el camino idóneo es la presentación de una petición o un caso ante el sistema interamericano, no una solicitud de protección urgente, aseveran. Las medidas cautelares, según subrayan, son un mecanismo excepcional del sistema interamericano de derechos humanos mediante el cual la CIDH puede requerir a un Estado —en este caso a Guatemala— la adopción inmediata de acciones para proteger a personas que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, cuando existe riesgo de que sufran un daño irreparable. En Tendencia 1 Dos mujeres detenidas por trasladar pericas guayaberas en Santa Rosa 2 El precio del petróleo supera los US$100 por barril, por primera vez desde 2022, tras la guerra entre EE. UU. e Irán 3 Precio de gasolina en Guatemala: galón de combustible aumentó Q2 en cuatro días 4 Mujeres exigen que el Estado reconozca su aporte económico a través de una Ley en el marco del 8M 5 Comisionada de la CIDH: Guatemala atraviesa un momento clave para recuperar la legitimidad de las instituciones En caso de ser concedidas, la CIDH puede ordenar, entre otras disposiciones, que el Estado brinde protección personal y perimetral, investigue de manera diligente las amenazas denunciadas, adopte medidas para salvaguardar la vida e integridad física de los beneficiarios y garantice condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio de sus funciones, sin que ello implique un pronunciamiento sobre la responsabilidad internacional del Estado ni sobre el fondo del caso. OCHOA AUXILIADA POR LA PDH El caso de la magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), Dina Ochoa, presenta un elemento adicional: la solicitud de medidas cautelares no fue promovida directamente por ella, sino por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dirigida por Alejandro Córdova, que actuó en su nombre y el de su familia. El PDH ha sido cuestionado por organizaciones sociales, periodistas y exoperadores de justicia por su silencio —o abierta inacción— frente a la persecución penal impulsada por el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras contra fiscales, jueces, activistas y comunicadores, muchos de los cuales se encuentran en el exilio y han denunciado estas acciones desde el extranjero. La magistrada de la CC, Dina Ochoa, en la votación del CANG para elegir a sus representantes en la postuladora del TSE. Foto La Hora: José Orozco. Pese a ese historial de omisiones, la PDH sí intervino activamente para solicitar protección internacional a favor de Ochoa, una magistrada señalada por sus votos y resoluciones polémicas en la CC. Entre ellas figuran decisiones que blindaron la permanencia de la fiscal general, avalaron actuaciones del juez Fredy Orellana contra el cancelado partido Movimiento Semilla y respaldaron intereses políticos vinculados al oficialismo del gobierno de Alejandro Giammattei, sancionado por corrupción por EE. UU. La CIDH, sin embargo, rechazó la solicitud al considerar que no se acreditó una situación de riesgo extremo que justificara la adopción de medidas cautelares, cerrando así el expediente. ALFARO EN MEDIO DEL CONFLICTO ELECTORAL La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, también quedó fuera de la protección internacional solicitada. Su petición se produjo en un contexto de confrontación entre el TSE y el MP, que impulsó acciones penales contra magistrados electorales tras las elecciones generales de 2023. Aunque Alfaro fue la única magistrada titular que no enfrentó un proceso penal, su presidencia interina fue objeto de cuestionamientos por su actuación durante la postcrisis electoral. Por ejemplo, la entrega del padrón electoral al MP, el cual resguarda datos sensibles de los guatemaltecos empadronados. La magistrada Blanca Alfaro durante una rueda de prensa en el Tribunal Supremo Electoral. Foto La Hora: José Orozco CASO DE LÓPEZ Entre los solicitantes se encuentra el caso del magistrado suplente de la CC, Rony López. López denunció amenazas directas contra su vida, incluida información proporcionada por una embajada acreditada en Guatemala sobre una presunta orden del crimen organizado para asesinarlo, además de una campaña sistemática de hostigamiento en redes sociales. El magistrado ha señalado públicamente la inacción del MP de Porras en la investigación de estas amenazas y la falta de cumplimiento integral de las medidas de seguridad por parte del Ministerio de Gobernación. A diferencia de otros actores del sistema de justicia, López se ha desmarcado de resoluciones de la CC cuestionadas durante la crisis postelectoral de 2023, lo que específicamente le habría valido amenazas de muerte por no “alinearse”. El magistrado Rony López durante la audiencia en la que presentó sus argumentos para pedir que se reabriera la investigación en contra de cuentas de netcenter vinculadas a . Foto La Hora / José Orozco. Pese a ello, la CIDH concluyó que los elementos aportados no alcanzaron el umbral requerido para activar el mecanismo cautelar, sin que ello cierre la puerta a otras vías dentro del sistema interamericano. A diferencia de estos tres casos, la CIDH sí otorgó medidas cautelares a las magistradas Irma Palencia y Leyla Lemus, al considerar acreditada una situación de gravedad y urgencia que ponía en riesgo su vida e integridad personal, en un contexto marcado por amenazas, seguimientos y hechos violentos ocurridos durante la crisis postelectoral y el intento de ruptura del orden democrático en Guatemala. ¿Terrorismo de Estado? Video muestra explosión de patrulla frente a casa de magistrada Leyla Lemus