“Hoy no estoy considerando renunciar a la DIPP”: Claudia Cáceres

2026-03-26 - 16:12

En el marco del República Summit Infraestructura 2026, Claudia Cáceres, gerente de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), habló con República sobre el retraso en operaciones de la institución, que nació para romper parte de la inercia burocrática que históricamente ha frenado la ejecución de proyectos estratégicos en Guatemala. En papel, ya tiene una ruta y un presupuesto inicial asignado de GTQ 30M —GTQ20M para infraestructura y GTQ10M para operación—, pero en la práctica sigue sin operar plenamente. El reglamento pendiente, la construcción administrativa de la institución, los cambios de autoridades y la falta de velocidad política han convertido ese diseño en una promesa todavía inconclusa. ¿Por qué sigue siendo una institución que no opera plenamente? —La DIPP, bajo el marco de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, tiene mecanismos más ágiles para contratar proyectos de infraestructura vial. Esos proyectos todavía no se ven porque la dirección aún no está funcionando plenamente. El año pasado hubo acontecimientos, como el cambio de ministros, que provocaron una pausa de dos meses en las sesiones del directorio y retrasaron la presentación del reglamento. Mientras tanto, se ha trabajado en paralelo en temas que dependen exclusivamente del directorio: la normativa interna, el organigrama y los perfiles de las personas que eventualmente se incorporarán al equipo. La idea ha sido avanzar en esa parte mientras sale el reglamento, para que, una vez publicado, se puedan destrabar otros temas internos. Ese reglamento lo emite el Ejecutivo; el resto de la normativa depende únicamente del directorio. ¿Qué ha querido decir públicamente y no había podido expresar? —Por qué me postulé a gerente de la DIPP. Tengo experiencia en manejo de proyectos. He sido consultora para distintos organismos internacionales y gobiernos de Latinoamérica en temas de desarrollo y políticas públicas. Desde ese lado, una de las cosas más frustrantes es ver que los gobiernos no logran ejecutar proyectos y que, por procesos ineficientes, burocracia, indecisión o falta de prioridad, se pierden asuntos importantes para el país y para la población. Cuando salió la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y vi que incluía mecanismos para reducir parte de esa burocracia, o al menos introducir una visión más de largo plazo, me pareció interesante. No se trata solo de una institución atada al periodo de seis años de un gerente, sino de proyectos con visión a treinta años y con impacto país, sin depender de quién ocupe temporalmente los cargos de autoridad. Eso me hizo pensar que podía tener un rol en la toma de decisiones, una vez la DIPP funcione, y contribuir a construir una institución modelo que sí logre ejecutar proyectos. Esa clase de institucionalidad ha sido muy difícil de encontrar en varios países. ¿Cómo manejó encontrar un cargo sin institución ni estructura creada? —Fue una sorpresa. Pero vengo del manejo de proyectos, así que lo primero fue ordenar los pasos que hacían falta para llegar adonde teníamos que llegar. Eso es parte de lo que se ha impulsado desde el directorio. No había una institución creada, así que el primer paso fue construirla administrativamente. Durante varios meses hubo una discusión sobre qué tipo de figura administrativa debía tener. Finalmente, el directorio tomó una decisión. El siguiente paso fue el presupuesto. Ya se aprobó la estructura presupuestaria y ese tema se está trabajando con Finanzas. El reglamento avanzaba en paralelo. Se detuvo un poco. A finales de octubre terminó la mesa de trabajo en la que se hizo la propuesta final de reglamento a la ley, y allí quedó pausado por el cambio de autoridades. Luego se retomó a finales de enero y, si no me equivoco, se presentó la semana pasada, o el dieciocho de este mes, a la PGN. ¿Qué efecto tendría otro cambio de autoridades sobre el proceso actual? —Ahorita hay rumores de que podría haber otro cambio. Si ocurre, está bien, pero lo importante es que la persona que llegue no vuelva a retrasarnos. Ya hay suficientes atrasos como para agregar uno más, sobre todo tomando en cuenta que el CIV es una pieza clave dentro de la dirección. Preside el directorio y, por la naturaleza técnica de la DIPP, es la entidad pública más importante en esta materia, porque concentra el conocimiento técnico en infraestructura. Aquí hay que volver a una idea básica: esto es un tema de visión de país y de continuidad estatal. Cuando una persona asume un cargo público, tiene que actuar en función de esa responsabilidad. Si somos servidores públicos y prestamos un servicio, ese servicio no puede condicionarse a la salida de un funcionario. Los cambios deberían ocurrir sin impacto para la ciudadanía. ¿Cómo evalúa técnicamente el uso selectivo de la ley vigente? —Técnicamente, la ley lo previó. Tiene bondades y también aspectos que probablemente deban mejorarse. Pero hoy toca trabajar con la ley que existe, porque como funcionarios públicos nuestro trabajo es hacerla cumplir, no esperar una reforma para empezar a actuar. Se ha dicho muchas veces que hay que cambiar la ley, pero no podemos esperar a que eso ocurra para trabajar. La ley abre un espacio de emergencia para proyectos, y eso tiene sentido porque la red vial ya no es sostenible. Si la DIPP va a tardar hasta 2027 en ejecutar proyectos, porque antes hay que evaluar la red vial, hacer un plan, empezarlo a implementar, revisar qué proyectos del artículo 87 tienen contingencias o conflictos y resolverlos antes de trasladarlos a la DIPP, entonces tampoco se puede dejar sin atención esos tramos solo porque viene una institución nueva. Visto así, el mecanismo de emergencia es acertado y está bien que se utilice. El problema sería usarlo con la lógica de que, como ya existe ese mecanismo, entonces la DIPP deja de ser necesaria. Y no es así. Ese mecanismo es una respuesta de emergencia. Como decía en el panel, es como ponerle una curita a una cortada: no estamos reparando el problema, solo lo estamos conteniendo. Además, no sirve para ampliar la red vial, sino únicamente para atender contingencias. Está bien usarlo, pero no a costa de dejar de lado a la DIPP. Ambas cosas deberían avanzar de la mano. ¿Qué consecuencias implica seguir sin la DIPP plenamente funcionando hoy? —Es preocupante, porque hay muchos proyectos que podrían ejecutarse y que no se van a mover hasta que la DIPP esté funcionando y exista un plan de infraestructura vial prioritaria. Lo relaciono con lo que veíamos hoy sobre el costo logístico en los productos. Mientras en países de la OCDE la logística representa alrededor del 8.5 % del costo, en Guatemala se prevé que ronde el 32 %. Es una diferencia enorme. El costo es alto porque, mientras más tiempo pasa sin trabajar en infraestructura, mayor se vuelve el rezago que después hay que corregir. Un proyecto que hoy cuesta cierta cantidad de dinero, más adelante costará mucho más, porque habrá que reparar, reconstruir o intervenir tramos todavía más deteriorados. Y no solo hay un costo económico. También hay un costo humano: los traslados a emergencias, los traslados a escuelas. Ese impacto existe y no podemos darnos el lujo de seguir esperando. Hay que accionar desde ya para empezar a cerrar esa brecha y tratar de que Guatemala llegue a estar entre los mejores países en infraestructura. ¿Qué ambiente perciben ahora en las sesiones retomadas del directorio? —Hay bastante apertura para retomar las sesiones. El CIV ha estado convocándolas. La ley prevé al menos dos sesiones al mes, pero se han hecho más según las necesidades de toma de decisiones. Por ejemplo, había un calendario de sesiones cada quince días acordado a finales de enero, pero ese calendario se ha modificado y en algunos momentos se han hecho sesiones semanales para resolver temas puntuales. Uno de esos casos fue la decisión sobre la estructura presupuestaria. Como hacía falta autorizarla, se convocó una sesión adicional. En ese sentido, sí ha habido apertura. Ahora el reto es acelerar el paso. Los funcionarios tienen una carga de trabajo muy alta, porque participan en muchas comisiones y además tienen las responsabilidades propias de sus ministerios. Aun así, sí me gustaría que se le dé mayor prioridad al tema de la DIPP y que se acelere. He visto en otros procesos de gobierno que, cuando existe voluntad a nivel Estado, se hacen reuniones conjuntas para evacuar dictámenes de reglamentos y reducir tiempos. Hay mecanismos que podrían usarse para que el reglamento que hoy está en la PGN salga publicado lo antes posible. Todavía no sabemos si la PGN hará observaciones o comentarios que luego haya que resolver en el directorio. Por eso será necesario imprimirle más velocidad al proceso para evitar que esto se prolongue varios meses más. ¿Qué responde a la percepción de que todo el retraso es una directriz directa desde el MINFIN? —Desde la parte técnica del MINFIN no puedo decir otra cosa más que hemos recibido bastante apoyo. Los técnicos participaron activamente en la mesa del reglamento y también han apoyado con la estructura presupuestaria. No sé si en cuanto a autoridades existe algún desinterés o alguna prioridad distinta a la DIPP. Ese nivel no lo conozco. Pero si existiera, esperaría que se mire el panorama completo y el beneficio que puede traer la dirección, y que se le apoye. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a las autoridades que están atrasando que la DIPP opere plenamente? —El mensaje es conciliador. No es momento de entrar en la lógica de quién hizo qué o quién quiere qué. El llamado es a hacer un esfuerzo por el país. A este gobierno le quedan poco menos de dos años e, independientemente de quién termine ejecutando estos proyectos o reciba el crédito político, estamos hablando de proyectos a treinta años. Tal vez el presidente que le entregue esto al país hoy está en secundaria o empezando la universidad. Pero hay una satisfacción importante en poder decir que uno fue parte de la construcción de una institución ejemplar, que sí funciona y sí ejecuta. Además, hay un problema recurrente cuando llega la evaluación de ejecución presupuestaria: muchas veces nos quedamos cortos y entonces surge la pregunta de por qué se pide tanto dinero si no se ejecuta. Existen trabas legales y también inercias mentales en algunos funcionarios de nivel medio, personas acostumbradas a hacer las cosas de cierta manera y para quienes cambiar esa lógica no es fácil. Pero si todos nos ponemos del mismo lado, entendiendo que lo que queremos es un país mejor para las próximas generaciones, entonces lo que corresponde es apoyar. Estoy abierta a reunirme con ellos, a presentarles el plan y a mostrarles lo que queremos hacer desde la DIPP. Puertas abiertas y ganas de trabajar sobran. ¿Es cierto que no le pagan desde junio de 2025? —Tengo un nombramiento desde mayo y un acta de toma de posesión del cargo desde octubre. He estado trabajando en este tema desde finales de mayo, o desde junio, cuando empezamos a trabajar la estructura administrativa. Es cierto que todavía no hay una remuneración. Se está trabajando para llegar a eso, pero hay que decirlo con claridad: eso no va a pasar mientras no tengamos una dirección operando, porque si no hay presupuesto, no se pueden hacer pagos, ni siquiera a mí misma. Es un tema en el que se está trabajando. Esperaría que el reglamento acelere muchos de estos procesos. Paralelamente, se está trabajando con Finanzas la estructura presupuestaria, que debería habilitar la posibilidad de solicitar los fondos que le corresponden a la DIPP. A partir de ahí, ya se puede empezar a estructurar el organigrama y avanzar en el tema presupuestario. ¿Ha pensado renunciar ante la frustración por la falta de ejecución? —Hoy no estoy considerando una renuncia. No sé qué pueda pasar más adelante, no puedo preverlo. Pero eso no cambia el compromiso con la calidad del trabajo. Lo importante sería dejar una institución funcional, con bases sólidas para ejecutar proyectos. Y, sobre todo, que, si hubiera un cambio de gerente, no se repita lo que tantas veces ha pasado: que el cambio afecte a todos los demás. Lo deseable es una transición ordenada, en la que una nueva persona pueda incorporarse sin interrumpir el proceso. Incluso si yo llegara a completar los seis años de mi nombramiento, quien venga después tendría que integrarse a una transición en la que no se borre lo trabajado ni se vuelva a empezar desde cero. Ese es uno de los beneficios que plantea la ley: evitar que, con cada cambio de gobierno o de autoridad, se deshaga lo avanzado. Lo que corresponde es retomar los proyectos, hacer el trabajo durante seis años y luego permitir que venga otro gerente, y otro más, hasta completar la ejecución de proyectos pensados a 30 años.