El próximo Fiscal General decidirá el rumbo de la democracia en Guatemala

2026-03-26 - 13:52

0:00 0:00 Por Steven E. Hendrix Guatemala se prepara para seleccionar a su próximo Fiscal General. No se trata de un nombramiento rutinario. Es una decisión que definirá si la ley se aplica de manera imparcial o selectiva durante los próximos años. Los tribunales interpretan la ley. El Fiscal General decide si la ley se aplica. Esa diferencia es fundamental. En Guatemala, es determinante. En los últimos años, el Ministerio Público ha estado en el centro de las tensiones políticas e institucionales del país. Las decisiones de persecución penal han tenido efectos que van mucho más allá de los casos individuales. Han influido en procesos electorales, han afectado la confianza pública y han puesto a prueba la solidez de las instituciones democráticas. Esto no es exclusivo de Guatemala. En muchos países, los fiscales concentran un poder significativo. Pero donde los contrapesos institucionales son débiles o están en disputa, ese poder adquiere una dimensión aún mayor. La diferencia entre un sistema regido por la ley y uno regido por la discrecionalidad suele depender de quién decide qué casos avanzar y cuáles no. Guatemala enfrenta hoy ese punto de inflexión. El proceso de selección del próximo Fiscal General ocurre en un contexto de alta sensibilidad. Persisten las denuncias de corrupción. Los desafíos en materia de rendición de cuentas continúan. Y las preocupaciones sobre la posible politización de la persecución penal han profundizado la desconfianza en ciertos sectores. Estas tensiones no son abstractas. Determinan si los ciudadanos creen que la justicia se aplica por igual. Influyen en si los actores políticos compiten dentro de las reglas o buscan manipularlas. Y definen si las instituciones son percibidas como legítimas o como instrumentos de poder. Escribo esto no solo como abogado guatemalteco y miembro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, sino como alguien que ha trabajado directamente en la construcción de instituciones clave del sector justicia. A lo largo de mi carrera en Guatemala, participé en el fortalecimiento de la defensa pública penal, en el establecimiento de tribunales especializados como los Tribunales de Alto Impacto, en la creación de Centros de Justicia y mecanismos de atención a víctimas dentro del Ministerio Público, así como en iniciativas de modernización de la gestión judicial y de formación continua en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y en la Universidad de San Carlos. Estas experiencias me permitieron observar de cerca tanto el potencial como la fragilidad de las instituciones, y la importancia decisiva de la credibilidad en el ejercicio de la justicia. Posteriormente, continué trabajando en temas de estado de derecho a nivel internacional, incluyendo la coordinación de programas de asistencia en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Estas experiencias confirman una realidad sencilla: el Estado de Derecho depende no solo de las leyes, sino de quienes deciden aplicarlas. El Fiscal General ocupa un lugar central en esa ecuación. Desde esa posición se definen prioridades, se decide qué investigar y qué no, y se envían señales claras sobre si la corrupción será enfrentada o tolerada. El Ministerio Público puede fortalecer las instituciones o debilitarlas. Por ello, el proceso de selección debe generar confianza no solo en la persona elegida, sino en la integridad del proceso mismo. El marco constitucional guatemalteco establece mecanismos para esta selección. Pero los procedimientos formales no bastan. Lo esencial es que el resultado refleje independencia, profesionalismo e integridad, y no alineamientos políticos. Esa percepción marcará el rumbo del país. Si el próximo Fiscal General es visto como independiente, el Ministerio Público puede contribuir a reconstruir la confianza. Puede demostrar que la persecución penal se basa en evidencia y no en intereses. Puede ayudar a fortalecer instituciones que muchos ciudadanos perciben con escepticismo. Si, por el contrario, el proceso genera dudas sobre su independencia, las consecuencias serán profundas. La confianza pública seguirá deteriorándose. Las tensiones políticas aumentarán. Y la distancia entre la legalidad formal y la realidad cotidiana se ampliará. Las implicaciones trascienden la política. La confianza en el sistema legal influye directamente en la economía. Inversionistas y ciudadanos toman decisiones basadas en la previsibilidad de las reglas. Donde la aplicación de la ley es percibida como arbitraria, crece la incertidumbre. Donde se percibe como consistente, se fortalece la confianza. Esto no es solo un debate jurídico. Es un momento institucional. Guatemala ha demostrado en distintos momentos que puede fortalecer su sistema de justicia. También ha experimentado retrocesos que han debilitado la confianza pública. La selección del próximo Fiscal General será una nueva prueba de la capacidad del país para consolidar sus instituciones. Lo que está en juego es claro. No se trata solo de quién ocupará el cargo. Se trata de cómo se ejercerá el poder y de si la ley funcionará como un límite o como una herramienta. El futuro de Guatemala no depende de una sola decisión. Pero el entorno en el que se tomarán muchas otras sí depende de esta. Por eso, esta elección merece toda la atención del país.