El nuevo TSE y la oportunidad de reformar el sistema electoral

2026-03-15 - 14:06

Guatemala se encuentra en una coyuntura institucional poco frecuente. El veintiséis de febrero, a menos de un mes de dejar el cargo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aprobaron cuatro acuerdos para reformar distintos reglamentos en materia electoral. Estos cambios pueden parecer técnicos, pero en realidad abren una discusión más profunda sobre el futuro del sistema político. Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la distinción entre proselitismo y campaña electoral. La reforma aclara que los candidatos pueden, como ocurre en cualquier democracia, participar en podcasts y medios de comunicación para discutir propuestas de políticas públicas sin que ello se considere campaña anticipada. También se introducen medidas para facilitar el voto en el extranjero y una serie de ajustes técnicos orientados a mejorar la operatividad del sistema electoral. En términos generales, estas reformas tienen un carácter administrativo: buscan mejorar el funcionamiento del sistema, más que modificar sus reglas fundamentales. Pero al mismo tiempo dejan en evidencia algo más importante: el sistema electoral guatemalteco todavía requiere ajustes más profundos. En este contexto, la llegada de nuevos magistrados al Tribunal Supremo Electoral abre una oportunidad que no siempre existe en la vida institucional de un país. El primer reto del nuevo TSE es evidente: garantizar la legitimidad del próximo proceso electoral. En un sistema político marcado por la desconfianza y la polarización, celebrar elecciones técnicamente sólidas y creíbles será la prioridad absoluta. Sin confianza en el árbitro electoral, cualquier reforma institucional pierde sentido. Pero ese no puede ser el único objetivo. Si las elecciones se desarrollan con legitimidad, el nuevo Tribunal podría convertirse en un actor clave para impulsar una segunda etapa de reformas: la actualización de la propia Ley Electoral y de Partidos Políticos. Durante los últimos años se han identificado varias áreas en las que el marco legal requiere ajustes. La primera tiene que ver con la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Para que la autoridad electoral pueda aplicar la ley con certeza, es necesario fortalecer su autonomía frente al sistema político y revisar aspectos como la forma de elección de los magistrados, la duración de sus mandatos y la organización interna del Tribunal. La segunda área consiste en corregir algunos problemas generados por la reforma electoral de 2016. Existen ambigüedades importantes en temas como la regulación de campaña anticipada, propaganda ilegal o cancelación de partidos políticos. También persisten problemas en la regulación del financiamiento político y en la distribución de espacios de publicidad electoral. Un tercer eje de reforma tiene que ver con la representatividad del sistema electoral. Hoy en día muchos ciudadanos no saben quiénes son los diputados que los representan. Explorar mecanismos que acerquen a los electores con sus representantes, por ejemplo, mediante sistemas de votación por personas dentro de los partidos o circunscripciones más pequeñas, podría fortalecer la rendición de cuentas política. Finalmente, existe un cuarto desafío: facilitar la participación ciudadana en la política. El actual sistema de partidos mantiene barreras de entrada que dificultan el surgimiento de nuevos liderazgos. Reducir algunos requisitos de organización partidaria o simplificar ciertos procedimientos administrativos podría contribuir a revitalizar el sistema político. En otras palabras, los reglamentos pueden mejorar el funcionamiento cotidiano del sistema electoral, pero no corrigen por sí solos los incentivos estructurales del sistema político. Por eso, el momento actual debería entenderse como un proceso en dos etapas. La primera es administrativa e institucional: celebrar elecciones legítimas, con reglas claras, tecnología actualizada y mecanismos de fiscalización más robustos. La segunda es política y legislativa: abrir la discusión sobre las reformas estructurales que necesita la Ley Electoral. Las reformas reglamentarias aprobadas recientemente muestran que es posible modernizar aspectos importantes del sistema. Pero también revelan los límites de lo que puede hacerse sin modificar la ley. El nuevo Tribunal Supremo Electoral tiene ante sí una tarea compleja, pero también una oportunidad histórica: no solo administrar el próximo proceso electoral, sino contribuir a impulsar la discusión sobre la reforma del sistema político que Guatemala necesita. Si logra hacer ambas cosas, elecciones legítimas hoy y reformas institucionales mañana, el impacto del nuevo TSE podría trascender con creces un período electoral. Y eso sería una buena noticia para la institucionalidad democrática del país.