EE. UU. endurece visas: exigirá fianza de USD 15 000 para 12 países más

2026-03-18 - 18:22

EE.UU. ampliará, a partir del 2 de abril, su programa de fianzas para solicitantes de visas B1/B2, incorporando a 12 países y elevando a 50 el total de naciones sujetas a este requisito. La medida busca desalentar sobreestadías, fortalecer el cumplimiento migratorio y reducir costos asociados a deportaciones. Es noticia. La administración del presidente Donald Trump incorporará a 12 países al programa de bonos migratorios, obligando a sus solicitantes de visas B1/B2 a pagar hasta USD 15 000 reembolsables. El Departamento de Estado sostiene que la medida ha probado reducir las sobreestadías y fortalece la integridad del sistema migratorio. El requisito aplicará a ciudadanos de Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez, todos incorporados con fecha efectiva del 2 de abril. El bono — USD 5000, USD 10 000 o USD 15 000— se determina en la entrevista consular y solo puede pagarse mediante Pay.gov, evitando intermediarios El reembolso procede si el viajero no entra a EE. UU., cumple su salida o se le deniega la admisión; no garantiza la emisión de la visa. Cómo funciona. El programa exige que solicitantes de países con altos índices de sobreestadía presenten una fianza como garantía de cumplimiento. La iniciativa, alineada a una política de control más estricta, complementa verificaciones previas sobre historial de viajes, redes sociales y documentación personal. El bono se formaliza con el Formulario I‐352 del Departamento de Seguridad Nacional, y solo después de que el oficial consular emite la instrucción directa. Los viajeros deben ingresar exclusivamente por aeropuertos comerciales o puntos con preclearance; quedan prohibidos los ingresos por tierra, mar, vuelos chárter o aviación general. El Departamento de Seguridad Nacional revierte automáticamente el bono cuando registra la salida a tiempo, o si el viajero nunca utilizó la visa. Datos clave. Las autoridades estadounidenses destacan el impacto fiscal y operativo del programa. La estrategia busca frenar abusos del sistema de visas, disminuir procesos de remoción costosos y priorizar el cumplimiento de la ley migratoria, en sintonía con una visión de seguridad y responsabilidad individual. El costo promedio de una deportación supera los USD 18 000; el gobierno proyecta ahorros cercanos a USD 800M anuales al reducir sobreestadías. Casi 1000 viajeros han sido procesados bajo el programa y el 97 % salió puntualmente, contrastando con decenas de miles de sobreestadías registradas antes de 2026. El Departamento de Estado mantiene la facultad de ampliar la lista de países según riesgo migratorio, vetting deficiente o antecedentes de incumplimiento. Lo que sigue. La ampliación del programa proyecta un endurecimiento sostenido del control migratorio. Voces críticas argumentan que las fianzas limitan la movilidad de viajeros con pocos recursos, mientras que sectores conservadores la ven como una herramienta para proteger la seguridad nacional y la carga fiscal del contribuyente. Organizaciones humanitarias consideran que la política restringe libertades, aunque sus cuestionamientos no han revertido las medidas vigentes. En el entorno político estadounidense, la presión sobre visas con riesgo de sobreestadía se perfila como una constante, con énfasis en legalidad y responsabilidad individual. La administración mantiene que la aplicación diferenciada por país es una respuesta proporcional al historial migratorio y a la necesidad de proteger el sistema de visas.