EE. UU. a Semilla y aliados: “Observamos a quienes intentan bloquear la elección de la CC ... sobre todo de aquellos vinculados al narcotráfico"

2026-03-06 - 04:15

La elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala atraviesa uno de sus momentos más tensos, en medio de maniobras políticas internas en el Congreso y un creciente escrutinio internacional. Desde Washington, el congresista estadounidense Carlos A. Giménez, representante republicano por el Distrito 28 de Florida, lanzó una advertencia directa al señalar que el Congreso de Estados Unidos está “observando de cerca a quienes intentan bloquear la elección de magistrados a la corte más alta en Guatemala”. Es noticia. Giménez, quien integra los comités de Servicios Armados, Seguridad Nacional y el Comité Selecto sobre China, subrayó que no se tolerarán ataques contra el Estado de derecho, especialmente si provienen de actores vinculados al narcotráfico. Antes de llegar al Congreso, Giménez fue bombero, jefe de bomberos y posteriormente alcalde del condado de Miami-Dade, lo que ha moldeado su perfil de funcionario enfocado en seguridad y combate al crimen organizado. La postura fue reforzada desde Guatemala por la Embajada de Estados Unidos. El encargado de Negocios, John Barrett, reiteró que las elecciones de segundo grado son procesos propios del sistema guatemalteco y que Washington respeta su soberanía y sus normas. Sin embargo, fue enfático al marcar una línea roja: “No vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”. El mensaje, aunque diplomático, deja claro que la comunidad internacional sigue con atención el desarrollo del proceso y sus eventuales desviaciones. Qué destacar. Estas declaraciones coinciden con una serie de hechos que han evidenciado profundas fracturas internas en el Legislativo. El martes 3 de marzo, la sesión plenaria convocada para avanzar en la elección de magistrados fue suspendida pese a que 141 diputados registraban asistencia. El presidente del Congreso, Luis Contreras, canceló la sesión al constatar la ausencia de los cuatro secretarios de la Junta Directiva, lo que impidió alcanzar el cuórum necesario para iniciar formalmente el pleno. La falta de asistencia en la directiva fue interpretada como una maniobra política deliberada para frenar el proceso, que según consensos preliminares apuntaba a la reelección del magistrado Roberto Molina Barreto. Sí, pero. La suspensión se produjo en un momento en el que los acuerdos parecían prácticamente definidos, lo que incrementó las sospechas sobre un bloqueo estratégico desde el oficialismo y sus aliados. Ese mismo día, el presidente Bernardo Arévalo elevó la tensión al señalar que se intentaba “aparentar” un supuesto respaldo de la Embajada de Estados Unidos a candidatos que calificó como “no íntegros”, mencionando directamente a Molina y a la fiscal general Consuelo Porras. Las declaraciones generaron fricciones adicionales en un proceso ya marcado por la desconfianza y la polarización. El bloque oficialista, encabezado por Samuel Pérez, dejó clara su intención de impedir la continuidad de Molina en la CC. “Haremos todo lo que esté en nuestras manos para evitar que esta acción se concrete”, afirmó. La crisis se profundizó este miércoles 5 de marzo, cuando la plenaria volvió a convertirse en un escenario de confrontación abierta. Sin los votos suficientes para bloquear la elección, diputados oficialistas recurrieron a tácticas dilatorias, alargando las intervenciones durante horas. Samuel Pérez y Victoria Godoy Palala ocuparon el micrófono por más de tres horas, mientras sus compañeros buscaban convencer a otros legisladores de no respaldar a Molina. Por qué importa. El intento de limitar las intervenciones a cinco minutos derivó en nuevas protestas y desorden en la Junta Directiva. El expresidente del Congreso, Nery Ramos asumió momentáneamente el control de la sesión, generando reclamos de la oposición, mientras fallas técnicas y apagones obligaron a suspender momentáneamente el pleno para negociar con jefes de bloque. Todo ocurre bajo la presión de una resolución de la propia Corte de Constitucionalidad que ordena al Congreso sesionar de forma ininterrumpida hasta completar la elección, con una nómina de 47 candidatos y la exigencia de al menos 81 votos. Aunque la oposición parece contar con los números necesarios, las maniobras para ganar tiempo reflejan la fragilidad institucional del proceso. En conclusión. En este contexto, las advertencias desde Estados Unidos adquieren un peso particular. Mientras Washington insiste en respetar la soberanía guatemalteca, deja claro que no será indiferente ante intentos de manipular el proceso o permitir la infiltración de intereses criminales en la máxima corte del país. La elección de magistrados de la CC se ha convertido así en una prueba clave para la institucionalidad democrática de Guatemala. Mientras que, a las 22 horas, el Congreso recibió una resolución que reafirma el cumplimiento del amparo para elegir al magistrado titular y suplente de la CC. 🚨Desde el Congreso de #USA, estamos observando de cerca a quienes intentan bloquear la elección de magistrados a la corte más alta en #Guatemala. ¡No vamos a tolerar ataques contra el estado de derecho sobre todo de aquellos elementos vinculados al narcotráfico! 🇺🇸🇬🇹 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) March 6, 2026