Departamento del Tesoro sanciona a cinco altos funcionarios nicaragüenses
2026-02-26 - 20:35
El Gobierno de EE.UU. impuso sanciones a cinco altos funcionarios que dirigen áreas financieras, laborales, de telecomunicaciones y de inteligencia en Nicaragua. Washington los señala de facilitar la represión del régimen Murillo-Ortega y de sostener estructuras utilizadas para vigilar y perseguir a opositores. Qué destacar. La Office of Foreign Assets Control (OFAC), del Departamento del Tesoro, sancionó a cinco funcionarios que encabezan agencias clave del Estado nicaragüense. La medida se ejecutó bajo la Orden Ejecutiva 13851 y sus enmiendas, y bloquea activos bajo jurisdicción estadounidense. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la “dictadura Murillo-Ortega” mantiene una campaña de “represión y tiranía” contra opositores pacíficos y aseguró que continuará la rendición de cuentas. Los sancionados incluyen al director y subdirector de la Unidad de Análisis Financiero, la ministra de Trabajo, la subdirectora de telecomunicaciones y el jefe de inteligencia militar del Ejército. Todos los bienes en EE. UU. o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y se prohíben transacciones con los designados, salvo licencia específica. Cómo funciona. Washington sostiene que el régimen instrumentalizó leyes antilavado para perseguir disidentes y cerrar el acceso a financiamiento de organizaciones independientes, debilitando la autonomía institucional. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), creada en 2012 y dirigida por el mayor general retirado Denis Membreno y el excomisionado Aldo Sáenz, habría liquidado activos de opositores y ONG sin base legal. Según el Tesoro, la UAF monitorea constantemente flujos de dinero del exterior para bloquear recursos destinados a organizaciones cívicas y críticos del gobierno. La falta de independencia del sistema antilavado, agrega el comunicado, socava la integridad institucional y contribuye a la impunidad en casos de corrupción. En el radar. El aparato de telecomunicaciones e inteligencia también quedó bajo la lupa de Washington como parte del sistema de vigilancia estatal. El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) recibió en 2024 amplias facultades para recolectar datos privados, interceptar comunicaciones y geolocalizar personas, fortaleciendo el control sobre redes sociales y medios. La subdirectora Celia Margarita Reyes fue sancionada, al igual que el mayor general Leonel Gutiérrez, quien encabezó por más de una década la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar. El Tesoro señala que esta estructura coordina vigilancia interna y externa para impedir cualquier forma de oposición política. Lo que sigue. Las sanciones amplían su alcance más allá de personas individuales e impactan a entidades vinculadas directa o indirectamente con los designados. Cualquier empresa controlada en 50 % o más por los sancionados también queda bloqueada, y las instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan transacciones relevantes. Las violaciones pueden derivar en sanciones civiles o penales, incluso bajo un estándar de responsabilidad objetiva, según las directrices de cumplimiento económico de OFAC. El Tesoro recordó que el objetivo final no es castigar, sino promover un cambio de conducta, y que existe un proceso legal para solicitar la exclusión de la lista de sancionados (SDN).