Combate a la subcontratación

2026-03-09 - 15:55

0:00 0:00 En Guatemala es necesario reformar el Código de Trabajo en muchos aspectos, pues a través de su vigencia ha representado la persecución, exilio, amenazas y hasta judicialización de los actores que han pretendido darle a la clase trabajadora del país una mejor oportunidad para recibir un pago justo de acuerdo con las leyes laborales. Una reforma en materia de subcontratación que sea iniciativa de las autoridades laborales formalizaría en el Congreso de la República las reformas laborales necesarias entre el capital y el trabajo, es decir que se lograría el reconocimiento por sus empleadores reales y marcaría económicamente un salario verdadero, completo, pues las empresas subcontratantes aparte de imponer condiciones laborales indignas no pagan el salario real que pudiera pagar la entidad que los subcontrata. Aquí es donde entra el juego ominoso de las empresas contratantes reales, pues al contratar a los subcontratantes evaden sus obligaciones tributarias, el cumplimiento de las leyes laborales, no reportan la cuota obligatoria del Seguro Social y no tienen ninguna relación legal con los empleados subcontratados. Esta omisión legal impacta negativamente en el pago de las prestaciones laborales cuando termina la relación de trabajo y sobre todo en la vida diaria para obtener la denominada canasta familiar. La regulación del acto de subcontratación que al final es un modelo de simulación desmantelaría los esquemas que invisibilizan los ingresos efectivos de los trabajadores y de hecho fragmentan o niegan algunos de sus derechos laborales. Cuando los miles de miles de trabajadores puedan acceder al goce de sus derechos por primera vez al ser contratados por las empresas generadoras de ganancias habrá también un cambio de mentalidad en el sentido de saber que se está pagando un salario justo. Es justo y necesario que las autoridades laborales de Guatemala prevengan la aparición de modelos que vulneren los derechos laborales para consolidar la justicia social y fortalecer el ingreso económico para las familias de la población trabajadora que día a día ven mermadas sus capacidades para la obtención de la canasta básica. Se supone que el futuro es crecer y evolucionar, pero, contrario sensu, un gran sector empresarial conserva la idea que la seguridad jurídica representa un obstáculo para el crecimiento de sus negocios; política laboral que fue adoptada desde tiempos de la invasión militar en el año 1,524 por la cual se sometió a la población a recibir únicamente lo que el patrón mandaba y ordenaba; sin embargo, lo siguen usando concibiendo como un asunto de rentabilidad y no de justicia social. Las autoridades laborales de Guatemala no pueden seguir ignorando esa injusta realidad, se hace necesario el estudio serio, formal y actualizado para reconsiderar, reformar y cambiar para obtener una norma que beneficie a la población trabajadora.