Cámaras empresariales demandan agilizar los GTQ 1200 millones para el Metro

2026-01-25 - 21:07

Las cámaras empresariales pusieron el acelerador sobre la mesa: piden al Gobierno asignar GTQ 1200M para llevar el Metro a licitación a través de un comunicado. El planteamiento cruza urgencia, legalidad y productividad. Mientras el Ejecutivo habla de estudios y tiempos, el sector privado exige decisiones para destrabar una obra clave y empezar a construir. Por qué importa. El tráfico dejó de ser un problema urbano para convertirse en un problema económico nacional. La apuesta por el Metro busca atacar productividad, costos logísticos y calidad de vida, con recursos ya disponibles y bajo un marco institucional existente. La Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción, la Cámara de Industria de Guatemala y Fundesa coinciden en una tesis central: la congestión del área metropolitana encarece la logística, reduce horas productivas y erosiona competitividad nacional. El comunicado insiste en tratar el tráfico como “urgencia nacional”, no municipal, para justificar una asignación presupuestaria centralizada y evitar fragmentación política o administrativa en un proyecto de escala país. El sector privado plantea que no decidir hoy implica seguir perdiendo capital, tiempo y confianza, tres variables críticas para inversión, empleo y crecimiento sostenido en el mediano plazo. Datos clave. El punto concreto es fiscal y operativo: GTQ 1200M ya contemplados en el Presupuesto General vigente. La discusión es redirigir recursos y mover el proyecto a la fase que genera competencia y transparencia. Las cámaras proponen asignar los GTQ 1200M a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para financiar la licitación del Metro, considerando que los estudios técnicos ya fueron contratados y pagados por el Estado. La ANI permitiría estructurar el proyecto bajo alianza público-privada, reduciendo riesgos fiscales y asegurando que futuras decisiones se basen en estudios sólidos, sin comprometer recursos adicionales. El planteamiento se apoya en las reformas al marco APP y en el Decreto 21-2025, que fortalece el rol de la ANI en proyectos estratégicos de infraestructura. Entre líneas. El mensaje empresarial también es político: menos anuncios, más ejecución. Mientras el Ejecutivo habla de complementar Aerómetro, Metro y tren ligero, el sector privado empuja a no diluir el proyecto en diagnósticos interminables. El presidente Bernardo Arévalo ha reconocido que los estudios de megaobras toman meses y que su administración avanza para “dejar algo construido”, no solo planificado, dentro de su período. Arévalo califica el tráfico como un problema de “urgencia nacional” y menciona recomendaciones técnicas, incluidos anillos viales para desviar transporte pesado que hoy atraviesa la capital. Para los empresarios, el riesgo es claro: sin licitación en marcha, la agenda se queda en intención y el Metro vuelve a ser promesa recurrente, no obra ejecutable. Ahora qué. Ahora el Ministerio de Finanzas y de la ANI deberán asignar o no los fondos que definirán si el Metro avanza o vuelve al archivo. La decisión es administrativa, pero el impacto es estructural. El comunicado recuerda que el ministro de Finanzas, como presidente de la ANI, tiene la atribución legal de orientar estos recursos como fondos públicos nacionales, no municipales ni mancomunados. La asignación permitiría iniciar una licitación ordenada, técnica y transparente, enviando una señal de certeza a inversionistas y operadores interesados en participar. Para el sector privado, el Metro no es ideología ni relato social: es infraestructura productiva. El costo de no decidir se sigue pagando todos los días en tráfico, horas perdidas y menor crecimiento.